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Preocupación de las Entidades del campo de que el INTA se convierta en una «trinchera partidaria»

16/02/2021

Preocupación de las Entidades del campo de que el INTA se convierta en una «trinchera partidaria»

Ocho sociedades rurales y asociaciones de productores del norte de la provincia de Buenos Aires pidieron a las autoridades del INTA que el organismo no vuelva a convertirse en una «trinchera partidaria» y «honre a su historia».
El reclamo fue realizado luego que empezara a circular un documento que lleva como firma «Frente de Todos-INTA «y que estaría vinculado con una línea interna. La declaración no lleva más firma que esa de Frente de Todos-INTA, pero allí, por ejemplo, se propone recrear la Junta Nacional de Granos para que el Estado controle el comercio exterior, formar una empresa para que distribuya alimentos, «control popular de precios a todos niveles» y un control efectivo de las ventas al exterior para «terminar con las exportaciones no declaradas de commodities».
El documento, que habla de la situación de los precios, insiste también con la expropiación de la cerealera Vicentin. «Los precios de los alimentos, y entre ellos los de la carne bovina, que han aumentado a límites intolerables para trabajadoras y trabajadores y el pueblo argentino en general, amenazando la calidad de vida, el poder de compra del salario y la soberanía alimentaria», dice la declaración interna y que denuncia el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar.
«Tenemos en claro que a quienes nos enfrentamos, son los mismos enemigos del pueblo de siempre: la vieja y nueva oligarquía, las agroexportadoras, la Sociedad Rural y sus hijos actuales, la mesa de enlace y sus socios», dice el FdT-INTA.
En tanto que para las rurales del norte bonaerense (Sociedad Rural de Baradero, Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, Sociedad Rural de San Pedro, Asociación Rural de General Rodríguez, Sociedad Rural de Pergamino, Sociedad Rural de Rojas y Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate), esa postura de la línea interna «vuelve a mezclar maliciosa y provocativamente la política partidaria. Volviendo al uso de una trinchera partidaria, de alta movilidad allá por el 2008, juntaron voluntades usando fondos y convierten a la institución en una base partidaria».
Comunicado que emitieron las entiedades rurales
Para las organizaciones de productores, propuestas como las expresadas en el documento «pretenden consolidar un avance dictatorial sobre cualquier argentino que pretenda producir y trabajar libremente».
Al respecto, los productores hacen un llamado para frenar cualquier politización del INTA como ya ocurrió en 2008 durante la pelea entre el campo y el entonces gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles.
«Apelamos a las autoridades del organismo (el INTA está presidido por Susana Mirassou) a intervenir para que el rumbo decidido de la producción como herramienta generadora de divisas y de crecimiento honre a su historia y evite que estos fundamentalistas sigan generando enfrenamientos y retrocesos», señalaron las entidades.
En diciembre pasado, el Gobierno de Alberto Fernández apeló a una herramienta que ya había usado el gobierno de Mauricio Macri en su último año: le sacó fondos al INTA, pero el actual Presidente lo hizo tres vez más que la administración precedente. Así, por decreto, se tomaron $24.000 millones para «constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional». Esa plata tomada, dijeron en su momento en INTA, no afecta al organismo y hay un compromiso de devolución el mes próximo.
Hace un tiempo que el rio viene sonando dentro del organismo, y quienes creían que podían ser simples sensaciones, se han convertido en hechos reales.
Recordemos que Carlos Parera, Director Nacional del INTA ya había dado muestras de docilidad frente a presiones cuando ordenó, hace unos meses, dar marcha atrás con un pedido del director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Jorge Trebino, para que la justicia les permita continuar allí con una serie de ensayos sobre aplicaciones de agroquímicos que se veían amenazados por el fallo que prohíbe las fumigaciones a 1095 metros en torno a los centros poblados de Pergamino. La sede local del INTA está dentro de esa franja de prohibición.
En el INTA Balcarce, una de los principales enclaves de investigación agropecuaria del país, ya se han producido también algunas renuncias de profesionales reconocidos por razones de índole política.
A esta altura, lo que está quedando muy claro es que el INTA vive un intenso proceso de politización que altera la vida institucional. La empobrecedora grieta que se vive en todos los eslabones de la sociedad tiene su propio capítulo en este instituto público, que debería ser lo más aséptico posible y ofrecer espacios de paz y tranquilidad para el desarrollo de sus investigaciones.
La página web del INTA, define sobre el órgano de conducción del INTA, lo siguiente: “El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo Directivo integra un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. De esta manera se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional, como así el control social de su accionar”.
Por el Estado figuran en ese Consejo Directivo la presidente del INTA, Susana Mirassou; y el vicepresidente Tomás Schlichter, además de un representante del Ministerio de Agricultura, Manuel Pedreira. El sector público aporta además dos representantes por la universidad: Por las facultades de Ciencias Agrarias aparece Liliana Monterroso y por las de Veterinaria lo hace Humberto Luis José Occhi.
Pero luego hay cinco representantes de las entidades gremiales y técnicas de los productores: AACREA con Alejandro Conci; Coninagro con Nicolás Carlino; CRA con Sergio Melgarejo; la Federación Agraria con Pablo Paillole; y la SRA con Santos Zuberbhuler.
Según la visión de principal gremialista del INTA, Mario Romero, secretario general de APINTA, los representantes tanto de la Universidad como de las entidades rurales son quienes frenan que el organismo se encolumne más decididamente con los planes del actual gobierno. Para Romero, el poder de veto de la Mesa de Enlace se podría resolver ampliando ese consejo directivo a representantes de la pequeña agricultura familiar, la industria metalmecánica y los propios trabajadores.
Quiénes protagonizan esta ofensiva que tiene a maltraer a muchos científicos, además de los gremios como APINTA y ATE que bancan estas posiciones, también hay un nutrido grupo de técnicos y profesionales que ingresó al organismo en los últimos tramos del gobierno de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora era palabra santa.
Según datos oficiales, para 2018 había 7.993 empleados en el INTA. Más allá de las quejas de los kirchneristas, la gestiones de Amadeo Nicora y Juan Balbín dentro de ese instituto durante el gobierno de Macri evitaron todo lo posible los recortes en la plantilla de personal. Aún a costa de restringir el presupuesto operativo para investigaciones, no hubo allí despidos masivos como los que sí se produjeron en el Senasa o en el propio Ministerio de Agricultura.
Es de esperar, que se respete la historia y trayectoria del INTA, que debe ser un ente de absoluta vinculación con lo tecnológico y la extensión agropecuaria.

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