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Buscan mejora de precios en biodiesel, antes de entrar en conflicto

10/12/2020

Buscan mejora de precios en biodiesel, antes de entrar en conflicto

Sigue el conflicto de las empresas de biocombustibles con el gobierno nacional por la falta de actualización de precios conforme a la fórmula legislada. Quedaron a la puerta de una denuncia judicial.
La Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biodiésel (Cepreb), la Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), intimaron a la Secretaría de Energía a la «inmediata publicación de un precio de venta de biodiésel conforme lo establecido en la normativa vigente» o a través de «otro mecanismo» que «garantice inmediatamente poder operar en forma económica y prudente» para cubrir los costos operativos, impuestos, amortizaciones y obtener una «rentabilidad razonable».
Hace semanas que las empresas analizan hacer una denuncia ante la Justicia por el incumplimiento de las normativas. En la presentación al secretario de Energía, Darío Martínez, ratifican que los 11 meses de problemas que acumulan las lleva a inferir «la intención del gobierno nacional de terminar con la industria nacional del biodiesel». En esa línea subrayan que no les «dejan otra alternativa que recurrir a las instancias judiciales».
En las actuales circunstancias la continuidad de nuestras empresas y de las fuentes de trabajo involucradas corre grave peligro, de lo cual los haremos asimismo responsables», señala la presentación y reitera que el Gobierno «de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal» continúa con la decisión de «no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria y al marco regulatorio vigente».
La situación, describen en la carta, implica que las 28 empresas de biodiésel instaladas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero no trabajan desde hace más de cinco meses, «acrecentando y agravando aún más la crisis que atraviesa el sector, colocándolo en un estado de situación terminal».
En el texto repasan que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, pidió al presidente Alberto Fernández que «privilegie a las empresas y provincias petroleras por sobre las productoras de biocombustible». Las firmantes entienden que de esa forma se entiende la «inacción» de la Nación para con el sector. «Queda más que en evidencia quiénes son los privilegiados con la decisión de dejar fundir a las empresas pymes del biodiesel de todo el país, y nuevamente ganan los poderosos de siempre, constituyendo un ‘falso’ progresismo».
Además de plantear el problema del precio, califican de «inentendible» que la Argentina -uno de los principales productores mundiales de biodiesel- «no cumpla desde hace más de ocho meses con los porcentajes legales de corte obligatorio» en especial cuando es importador de alrededor del 30% del gasoil que se consume.
«Eliminar el corte obligatorio de biodiesel le generará al país una salida de divisas por más de US$500 millones, adicionalmente a las divisas por las importaciones de gasoil que actualmente ya viene realizando el Estado nacional, presionando aún más sobre las débiles reservas de dólares del Banco Central», agrega.

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